Durante la mañana de este miércoles, la contralora Dorothy Pérez, asistió a la comisión especial investigadora (CEI) sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar, ocasión en que señaló que “es evidente que hubo problemas de control interno y deficiencias”. Cabe recordar que la instancia legislativa tiene por objetivo recabar antecedentes sobre los mecanismos de supervisión, control, licitación, adjudicación, ejecución y pago del PAE durante el período de 2019 a 2024. Tras abordar los diferentes informes realizados por el organismo, la contralora sostuvo que “ aquí es evidente que hubo problemas de control interno y deficiencias y también hay que examinar la falta de control jerárquico permanente de distintas jefaturas desde el año 2019 hasta el 2024 que están estudiando ustedes, que incurrieron en esas debilidades quizás, pero la responsabilidad administrativa se determina mediante sumario”. Es así como añadió que “yo no podría decirle si es que en este caso, respecto de la directora, se da la situación porque eso es el resultado de un procedimiento específico”. En la misma línea, Pérez mencionó que la Contraloría es la “cuarta línea de defensa”, señalando que “la primera línea de defensa es el autocontrol que deben hacer los propios funcionarios en el flujo del proceso, luego las auditorías internas, luego el Consejo Auditoría General de Gobierno, luego la Contraloría General”. En su exposición, la contralora también sostuvo el Programa de Alimentación Escolar representa el 49,96% del presupuesto total de Junaeb , enfatizando que a lo largo de los años se han realizado múltiples auditorías en las cuales se han detectando irregularidades. Según señaló “en el informe 760 de 2023, se revisó el cálculo y el pago mensual del Servicio de Raciones Alimenticias de Junaeb en la licitación que allí se indica de enero 2021 a diciembre de 2022, y también se atendieron denuncias relativas a pagos por raciones que no habían sido entregadas, cambios en los componentes específicos del programa referencial y el método de reajuste de precio”. Asimismo, señaló que “en la auditoría que terminó con el informe 553 de 2023, se fiscalizó el proceso de aplicación y cobró de multa a los prestadores del programa de alimentación escolar por los incumplimientos que hubieran detectado el 2022, según las bases y los procedimientos de la Junaeb”. “El 2024 se emitió el informe de investigación especial 637 que buscó verificar específicamente qué es lo que estaba sucediendo en el ámbito judicial, si es que Junaeb estaba llevando adelante el cobro judicial de las multas impagas de los contratistas del programa de alimentación escolar, porque en los años anteriores una de las principales observaciones que se detectaba era que los ajustes no se realizaban y las multas no se cobraban” , detalló. De igual forma, la contralora señaló que a raíz de las fiscalizaciones e investigaciones, se detectaron “modificaciones sustantivas y relevantes que no fueron sometidas oportunamente a toma de razón ante la Contraloría, por ejemplo, en el informe 760 del 2023″. “También diferencias significativas de precios para idénticos servicios de alimentación entre proveedores (...) También se observó específicamente la ausencia de la banda de precios que hubiera permitido un mayor resguardo del patrimonio público en el informe 760 de 2023″. Pérez además detalló que en el informe 760 de 2023 se objetaron 35 pagos por un total de $209 mil millones que no contaban con los ajustes definitivos correspondientes. Según explicó, estos registraban retrasos de entre 10 y 19 meses, situación que advirtió podía generar un perjuicio al patrimonio público. “Esto, con el paso del tiempo, se fue solucionando, pero cuando nosotros llegamos a hacer esa fiscalización como institución, esto todavía estaba pendiente”, detalló.
Durante la mañana de este miércoles, la contralora Dorothy Pérez, asistió a la comisión especial investigadora (CEI) sob





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