Sala cuna ya tiene respaldo para convertirse en ley. Ahora la discusión es: ¿quién y cómo se financia?

En un nuevo encuentro Red·Activa , organizado por La Tercera, Fundación ChileMujeres y PwC, representantes del Senado, el mundo sindical y la oposición coincidieron en que la actual legislación de sala cuna mantiene una barrera que afecta directamente la contratación de mujeres y que, tras años de discusión, existe por fin una oportunidad real para alcanzar un acuerdo. El proyecto de Sala Cuna Universal se encuentra ahora en una etapa clave de su tramitación en el Congreso, luego de avanzar en el Senado y pasar a la Cámara de Diputados. El próximo 30 de octubre vence el plazo para que el Ejecutivo presente sus indicaciones, en un momento en que el debate se concentra en cómo financiar el nuevo sistema. En esa línea, el debate ya no está centrado en si Chile necesita avanzar hacia una sala cuna universal, sino en cómo financiarla y garantizar que el nuevo sistema sea efectivamente accesible para todas las madres y padres trabajadores. Esa discusión fue abordada en el encuentro por la presidenta del Senado, Paulina Núñez ; el exministro del Trabajo y Previsión Social Giorgio Boccardo ; y el presidente de la Central de Trabajadores de Chile, Claudio Sánchez , moderado por Polo Ramírez, periodista de La Tercera, y Francisca Jünemann , presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres. El costo de la mujer número 20 Uno de los principales cuestionamientos al sistema vigente apunta al artículo 203 del Código del Trabajo, que establece la obligación de otorgar sala cuna a las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras. Esta fórmula, según las personas participantes del encuentro, termina haciendo que la contratación de la trabajadora número 20 implica un costo adicional que no existe para la número 19. “Es un proyecto de carácter laboral, donde en la práctica, la trabajadora número 20 cuesta más que la trabajadora número 19, y eso obviamente tiene impacto en cómo la mujer se incorpora al mundo laboral”, sostuvo Claudio Sánchez. Así, el dirigente sindical explicó que la norma tiene efectos sobre el acceso de las mujeres al empleo, la informalidad y también la negociación colectiva, porque actualmente algunos beneficios de cuidado dependen de la capacidad de cada sindicato y empresa para alcanzarlos en una negociación. Desde ChileMujeres, Francisca Jünemann explicó que el desempleo femenino se mantiene sobre el 10% y existen 150 mil madres fuera de la fuerza laboral que querrían trabajar , además de 30 mil mujeres desempleadas con hijos menores de dos años. “El techo es la mujer número 19”, resumió al explicar el efecto que tiene la legislación actual sobre la contratación femenina. Para Paulina Núñez, el problema, además de laboral, es de autonomía de las mujeres. La senadora planteó que miles de mujeres siguen enfrentando la disyuntiva entre trabajar y hacerse cargo del cuidado de sus hijos. “No podemos estar al debe de entregar una respuesta y que ojalá nadie se cuestione si tiene que escoger entre esto o esto otro, porque evidentemente vas a escoger el cuidado de tus hijos. Y eso merma no solamente la posibilidad de una independencia económica, de recibir una remuneración por ese trabajo realizado, sino de poder desenvolverte, sacar adelante tus sueños, entregarle tus talentos a la sociedad, y un largo etcétera”, afirmó. El nudo del financiamiento y el rol de los distintos sectores El consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema no elimina las diferencias respecto del financiamiento. Una de las alternativas sobre la mesa considera un fondo solidario financiado mediante cotizaciones de los empleadores y una compensación con parte del componente individual del Seguro de Cesantía. ChileMujeres ha planteado una cotización de 0,3%, equivalente en promedio a unos $3.000 mensuales por trabajador, y propone que el impacto sobre las cuentas individuales del seguro sea el menor posible. De ese modo, la fundación ha defendido una fórmula que permita destrabar la discusión sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. “Lo peor que nos podría pasar es que nos quedáramos sin sala cuna por no ceder a que se toque el Seguro de Cesantía y se va a terminar tocando de manera mucho más profunda”, advirtió Jünemann. Su argumento es que un mayor empleo femenino formal también significaría mayores cotizaciones y, por esa vía, un sistema de protección social más robusto. La presidenta del Senado respaldó esa posibilidad y planteó que la fórmula podría distribuir el aporte entre distintos componentes. “Así como hay que tocar lo menos posible el seguro de cesantía, las cuentas individuales, obviamente el copago también tiene que ser real”, señaló Núñez, reconociendo que existe un acercamiento en torno al 0,3%. Boccardo, por su parte, advirtió que el Seguro de Cesantía tiene precisamente como objetivo proteger a los trabajadores cuando pierden su empleo. “El seguro de cesantía, independientemente si tiene un componente individual o solidario, es una herramienta de los trabajadores, que tiene el objetivo de acompañar a los trabajadores en sus momentos de cesantía”, sostuvo. Pero también planteó que lo más importante es que madres y padres puedan ejercer el derecho a sala cuna y que, por tanto, los componentes económicos no sean el factor que los deje fuera. De esa manera, destacó que el esfuerzo no debería recaer solo en los trabajadores y el Estado, sino también en las grandes empresas. “Nos gustaría que las grandes empresas hicieran un esfuerzo en la construcción del financiamiento. Me parece que queda más robusto con un aporte de los empleadores y sobre todo de los grandes”, afirmó. Otro punto fue la necesidad de que la reforma tenga una infraestructura pública capaz de sostener el nuevo derecho. Boccardo advirtió que una parte importante del país no cuenta con oferta privada de sala cuna, por lo que el acceso no puede quedar condicionado a la existencia de establecimientos particulares. “Si no financiamos el pilar público, dejaríamos a 50 comunas sin el derecho a sala cuna, efectivo”, afirmó. Así, planteó que JUNJI, Fundación Integra y otros proveedores públicos deben contar con recursos suficientes para cubrir jornadas de tarde y períodos de vacaciones. Una herramienta para el empleo, pero no una solución al desempleo Los participantes también pusieron límites a las expectativas respecto de la reforma. La sala cuna puede eliminar una barrera de acceso al mercado laboral, pero por sí sola no creará los puestos de trabajo que hoy faltan. “Efectivamente, el proyecto en sí mismo no va a resolver el problema de cesantía que hoy día tienen las mujeres, porque evidentemente se requiere para eso mayor inversión”, indicó Sánchez. La importancia de la reforma, explicó, está en que, cuando esa inversión se traduzca en nuevos empleos, las mujeres no tengan la falta de sala cuna como impedimento para acceder a ellos. En la misma línea, Francisca Jünemann sostuvo que se requiere crecimiento, inversión y reactivación para revertir el desempleo, pero una vez que esas condiciones existan, no debería mantenerse una barrera legal que haga más cara la contratación de una mujer que la de un hombre. Núñez, en la misma dirección, sostuvo que en un contexto de cerca de un millón de personas desempleadas, la sala cuna debe formar parte de una estrategia más amplia de capacitación, inversión y generación de puestos de trabajo. “El gobierno ha sacado adelante reformas o leyes, medidas para responder de alguna manera a corto, mediano y largo plazo al desempleo. Pero como bien decía Francisca, hay 30.000 que no están, sobre todo mujeres, porque tuvieron que escoger entre el cuidado de sus hijos o volver a trabajar o entrar al mundo laboral. (...) Lo que no puede pasar es que queden en la casa porque no tienen sala cuna”, afirmó. Convertir el consenso en ley El proyecto enfrenta ahora una etapa decisiva en la Cámara de Diputados, donde se espera que se presenten las indicaciones del Ejecutivo y se avance en la discusión de sus artículos. Núñez llamó a que esas indicaciones recojan el trabajo que parlamentarios de distintos sectores ya están realizando para construir un acuerdo. “Yo espero que las indicaciones del Ejecutivo vayan en línea” con ese trabajo, señaló, advirtiendo que sería contraproducente que el gobierno presentara una propuesta desconectada de los consensos que se están construyendo en la comisión. Boccardo coincidió en la necesidad de evitar que el proyecto se transforme en una disputa entre oficialismo y oposición. “Finalmente, no que gane el actual gobierno o que gane la oposición, sino que finalmente que el país gane”, afirmó. Según explicó, el debate ya cuenta con suficientes puntos de convergencia como para que el desafío sea ahora traducirlos en una legislación viable. Existe ahora un consenso político mucho mayor en torno a su necesidad que respecto de la forma detallada de financiarla. El desafío de las próximas semanas será resolver ese último nudo sin desnaturalizar el objetivo central que han expresado sus representantes: que el cuidado de los hijos deje de ser una condición que determine si una mujer puede o no incorporarse al mercado laboral. “Vamos a tener sala cuna”, aseguró la presidenta del Senado. Escucha el encuentro aquí: