Cuatro efectivos de la Unidad Regional Nº 7 de Alto Comedero son investigados por la Justicia de Jujuy luego de que fueran denunciados por presuntamente haber agredido a dos adolescentes. Se habría tratado de un procedimiento policial violento contra dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta en la colectora de la Ruta Nacional 66 . El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño, tras haber recibido una denuncia por parte de los menores. Según trascendió, ambos aseguraron haber sido interceptados por policías que también se desplazaban en motos. El episodio se registró durante la mañana del pasado sábado, en la colectora de la Ruta Nacional 66, a la altura de las instalaciones del Suri Rugby Club, en un sector vinculado a la zona de Alto Comedero. En la denuncia sostuvieron que los agentes se aproximaron desde uno de los laterales e impactaron contra la moto en la que viajaban. La maniobra denunciada habría provocado la caída de ambos ocupantes sobre el asfalto . Ese punto es uno de los aspectos centrales que deberá esclarecer la investigación. Por esto, la Fiscalía deberá establecer si existió contacto entre los motovehículos, cómo se produjo y qué motivó la intervención policial en ese tramo de la ruta. De acuerdo con la información obtenida por Jujuy al Momento , los jóvenes no habrían recibido asistencia inmediata tras la caída. Por el contrario, los denunciantes señalaron que los efectivos los redujeron y les propinaron golpes en distintas partes del cuerpo mientras permanecían tendidos en el suelo. La secuencia habría concluido cuando los adolescentes exhibieron sus documentos de identidad y los policías constataron que eran menores de edad. La condición de menores de los dos jóvenes forma parte de los elementos que analiza la Justicia al evaluar el procedimiento denunciado. Hasta el momento, no trascendieron públicamente detalles sobre el estado de salud de los adolescentes ni el resultado de las pericias médicas ordenadas en el marco del expediente. No obstante, esos estudios serán relevantes para determinar la existencia y el alcance de eventuales lesiones. Tampoco se informó si el operativo respondió a una denuncia previa, a un control vehicular o a otra circunstancia que hubiese motivado la intervención de los agentes. Esa información podría surgir de los informes requeridos a la dependencia policial involucrada. Ante la gravedad de la denuncia, las actuaciones fueron remitidas de forma directa al Ministerio Público de la Acusación. La causa está a cargo del fiscal Diego Funes , quien dispuso medidas probatorias para avanzar en la reconstrucción del hecho. Entre las diligencias solicitadas por el investigador se encuentran los informes de servicio de los policías que participaron del operativo, la revisión del libro de guardia y las pericias médicas realizadas a los adolescentes. Los informes de servicio permitirán identificar qué agentes estaban asignados al sector , en qué móviles o motovehículos se desplazaban y cuáles eran las instrucciones impartidas para esa jornada. Por su parte, el libro de guardia puede aportar datos sobre horarios, movimientos del personal y comunicaciones vinculadas al procedimiento. La Fiscalía también deberá analizar si existen otros elementos de interés para el expediente, como registros de cámaras de seguridad en la zona, testimonios de personas que hayan presenciado la secuencia o imágenes obtenidas con teléfonos celulares. De la misma manera, la intervención judicial apunta a establecer la participación individual de cada integrante de la fuerza que estuvo presente durante el procedimiento. Para ello, será necesario contrastar la denuncia de los adolescentes con los informes policiales, las pericias y cualquier otro elemento que pueda incorporarse a la causa. Con el resultado de esas medidas, el fiscal Diego Funes deberá resolver si reúne elementos suficientes para avanzar con imputaciones o si corresponde disponer nuevas diligencias para profundizar la investigación.
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