La Ley de Rescate Fiscal podría reducir los recursos disponibles para subsidios y servicios de las cajas de compensación familiar, entre ellos la cuota monetaria, los programas de vivienda, la protección al cesante y las tarifas subsidiadas en educación y recreación. De acuerdo con información conocida por El Colombiano, el proyecto plantea trasladar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores aportan a las cajas de compensación. La medida buscaría aportar recursos para cubrir obligaciones del sistema de salud. El eventual cambio ha generado reparos de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), abogados laboralistas, sindicatos y expertos, quienes advierten que la reducción de recursos podría afectar beneficios dirigidos a trabajadores de menores ingresos y sus familias. Asocajas calcula un faltante de más de $500.000 millones El principal efecto recaería sobre los recursos que hoy financian la cuota monetaria. Según un análisis preliminar de Asocajas, la medida podría dejar un faltante superior a $500.000 millones en 2027 para este subsidio. Germán Cano, gerente de análisis e investigaciones de Asocajas, explicó al medio que el cálculo parte de los efectos previstos en el artículo 22 del proyecto. Esa disposición propone que uno de los cuatro puntos del aporte a las cajas se gire directamente a la Adres. “ Si se materializa lo que está en el articulado, las cajas terminarían aportando a salud más o menos el 31% de sus ingresos de ese 4%. O sea, pasarían del 8,6% al 31,4% de giros directos al sistema de salud, casi que se cuadruplicaría lo que se aporta ”, afirmó Cano. El directivo precisó que el análisis aún está en desarrollo, debido a que una modificación en la destinación de los recursos tendría efectos sobre los fondos y obligaciones legales que manejan las cajas de compensación. La cuota monetaria beneficia a 4,8 millones de personas La cuota monetaria es un subsidio mensual que reciben los trabajadores afiliados de menores ingresos por cada hijo que cumpla los requisitos establecidos. También puede reconocerse por los padres del afiliado cuando no perciben ingresos y dependen económicamente de él. Según Asocajas, este beneficio llega a 4,8 millones de personas en Colombia. Las cajas proyectan destinar alrededor de $5 billones anuales para financiarlo, aunque el monto requerido cambia según la cantidad de beneficiarios y las condiciones del sistema. Para el gremio, la preocupación radica en que la cuota monetaria es uno de los beneficios centrales de las cajas de compensación. Una disminución en sus fuentes de financiación podría presionar los recursos destinados a este subsidio y a otros programas sociales. Además, las cajas utilizan una parte de sus ingresos en obras y programas para construir, mantener y financiar infraestructura social. Esos recursos también permiten subsidiar tarifas de educación, parques recreativos, cursos y otros servicios dirigidos a los afiliados. Una fuente cercana al sistema de compensación, citada por el diario, sostuvo que la reducción de recursos podría trasladarse a los precios que pagan los trabajadores por estos servicios. En esa proyección, una entrada a un parque recreativo que cuesta $5.000 para un afiliado que gana menos de dos salarios mínimos podría subir a $50.000, mientras que un curso de $30.000 podría llegar a costar $300.000. El proyecto también contempla el uso de saldos del FOSFEC La propuesta incluye cambios en el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), que financia beneficios para quienes pierden su empleo, como aportes a salud y pensión, capacitación y mecanismos de intermediación laboral. El proyecto permitiría que, durante cinco años desde 2027, las cajas destinen los saldos del FOSFEC que no estén ejecutados ni comprometidos a cubrir pasivos de salud, siempre que los recursos estén auditados, conciliados y reconocidos. También prevé que los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2026, luego de garantizar las obligaciones legales, sean transferidos a la Adres. La Superintendencia del Subsidio Familiar tendría que depurar, conciliar y certificar los montos antes de su traslado. Consultores de Soluciones Pensionales ISP señalaron que la propuesta no implica la transferencia de todos los recursos del fondo. Sin embargo, plantearon dudas sobre los mecanismos que garantizarían la continuidad de los programas para personas desempleadas. “La pregunta es: ¿Cuál es la garantía de que este cambio en la destinación de los recursos no afecte el programa y los beneficios de protección al cesante?”, indicaron. Sindicatos advierten efectos sobre vivienda y otros beneficios Sebastián Mejía, abogado líder de Scola Abogados, consideró que la reducción de recursos disponibles para las cajas podría afectar programas como el Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis), que respalda subsidios y soluciones habitacionales. Por su parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Iván Díez, sostuvo que trasladar un punto de los cuatro destinados a las cajas equivale a reducir en 25% el aporte original al sistema de compensación familiar. “En términos relativos, un punto de los cuatro representa el 25% del aporte originalmente destinado al sistema de compensación familiar. Esto podría representar una reducción importante de los recursos disponibles para atender sus diferentes obligaciones y programas”, afirmó. Díez planteó mantener el aporte del 4% para preservar los programas de protección social de las cajas. Su posición difiere de la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien respaldó la medida al considerar que contribuiría a atender el déficit financiero del sistema de salud. La congresista reconoció que el ajuste podría afectar subsidios y servicios, pero señaló que las cajas deberían revisar sus gastos de funcionamiento antes de reducir beneficios o inversiones para los afiliados. La iniciativa propone mayores aportes a salud y cambios en exoneraciones La Ley de Rescate Fiscal también plantea elevar los aportes a salud de trabajadores dependientes que ganen más de dos salarios mínimos. La cotización, que hoy es del 4%, pasaría a ubicarse entre 5% y 8%, según el nivel de ingresos. El proyecto propone, además, modificar desde el 1 de enero de 2027 las exoneraciones de aportes a salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para algunos empleadores. Las empresas mantendrían la exoneración total por trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos. Para salarios superiores a ese nivel y hasta tres mínimos, asumirían aportes parciales. En los ingresos superiores a tres salarios mínimos se eliminaría la exoneración. Asocajas solicitó al Gobierno revisar el artículo 22 y abrir un espacio de diálogo sobre sus efectos. El debate se concentra en cómo fortalecer la financiación del sistema de salud sin afectar los subsidios y servicios que reciben los afiliados a las cajas de compensación familiar.

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La Ley de Rescate Fiscal podría reducir los recursos disponibles para subsidios y servicios de las cajas de compensación