La disputa de más de una década entre Daniel y Jorge Yarur llega a la Corte Suprema

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el 7 de septiembre un fallo arbitral de 2018 que aprobó la gestión del exsuperintendente de Valores y Seguros, Daniel Yarur Elsaca, sobre el patrimonio personal de su primo Jorge Yarur Bascuñán, accionista minoritario del BCI. Al mismo tiempo, el fallo desestimó la pretensión económica de Daniel Yarur de reconocer un incremento patrimonial de US$179 millones, derivado del alza en el valor de mercado de las acciones del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Tras el fallo, ambas partes ingresaron un recurso de casación ante la Corte Suprema al quedar disconformes con la sentencia del tribunal de alzada capitalino. El tribunal en su resolución dio por acreditada la restitución de 4.357.319 acciones del BCI (las 4.177.884 originales, más otras generadas durante el período) y concluyó que los dividendos percibidos por más de $16.800 millones fueron íntegramente gastados o invertidos en beneficio del mandante, sin que existan alcances o saldos pendientes entre las partes. “Se confirma la sentencia definitiva de 24 de abril de dos mil dieciocho, complementada por resolución de veinticinco de abril del mismo año, dictada por el juez árbitro don Juan Carlos Manns Giglio, con declaración que la cuenta se tendrá por rendida y aprobada sólo en cuanto se establece que el mandante recibió 4.177.884 acciones del Banco de Crédito e Inversiones, entregándose al final de la gestión 4.357.319 acciones producto de la generación de crías accionarias, consignándose que los dineros percibidos durante la ejecución del mandato, referidos principalmente al pago de dividendos y otros ingresos afectos a impuesto, fueron totalmente gastados o invertidos, sin que exista alcance por tal concepto en favor de ninguna de las partes”, concluyó el laudo. El fallo, sin embargo, desestimó otra aspiración de Daniel Yarur, quien buscaba fijar legalmente el aumento de valor de los títulos del BCI para exigir el cobro del 25% de dicho incremento a título de honorarios. Sobre este punto, la Corte concluyó que el alza accionaria correspondió a un “incremento inercial derivado de la variación de su valor de mercado” y no a un resultado directo de actos de administración del mandatario. El fallo dividido contó con los votos de los ministros Juan Cristóbal Mera y Sandra Araya y la abogada integrante Francisca Amigo. Araya fue el voto disidente, quien concluyó que la documentación acompañada no permitía establecer que el todo el dinero recibido por repartos de dividendos fueran efectivamente destinados al pago de los gastos de vida de Jorge Yarur ni como una inversión que se mantuvo en su patrimonio, por lo que estuvo por no aprobar la rendición de cuentas de Daniel Yarur. La historia del conflicto El 30 de noviembre de 1999 Jorge Yarur confirió a Daniel Yarur un mandato con amplias facultades de administración y disposición sobre su patrimonio personal y sociedades. Durante más de una década, Daniel Yarur asumió el control de esos activos. Al término de la gestión, en marzo de 2010, la relación entre ambos primos concluyó con severos cuestionamientos. Jorge Yarur acusó a su exadministrador de diversas conductas irregulares. Asimismo, el dueño del Museo de la Moda acusó a su primo de traspasos no autorizados y desvío de dineros a sociedades como el Fondo de Inversión Privado (FIP) Anacapri y entidades en el extranjero (Tarascona Corp). A ello se suma una investigación penal por la presunta sustracción de más de US$ 50 millones y supuestas maniobras fraudulentas, pero en esta causa Daniel Yarur resultó absuelto en abril de 2014. Esto luego de 33 días de juicio oral y más de tres años de investigación. Los abogados de Jorge Yarur, Sebastián Mateluna y Susana Borzutzky, explicaron a Pulso que el dictamen de septiembre “es un fallo no ejecutoriado, que ya fue recurrido ante la Corte Suprema y que se dictó con un voto disidente que constató partidas por miles de millones sin respaldo documental. El propio árbitro declaró imposible determinar cualquier aumento patrimonial atribuible a la gestión de Daniel Yarur, y la ‘aprobación’ de la cuenta se agregó al día siguiente de notificada la sentencia. Confiamos en que la Corte Suprema lo corrija”. Los otros juicios Entre los primos Yarur existen otros dos juicios pendientes. El primero es una demanda de indemnización interpuesta en 2011 por Jorge Yarur -a través de las sociedades Tauro, Milano y T&V- contra GM&E Asset Management y el FIP Laponia, ambas ligadas a Daniel Yarur. Actualmente, la causa sigue en primera instancia y está en etapa de prueba. La defensa de Jorge Yarur presentó una reposición para anular la citación a declarar fijada para el 23 y 24 de noviembre de 2026. El segundo proceso pendiente está en la Corte Suprema, donde se tramita un recurso de casación presentado por Francisco Pfeffer en representación de Daniel Yarur. La acción busca revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificó la decisión del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de desestimar los cargos presentados contra el abogado Juan Pablo Hermosilla. En su reclamo, Daniel Yarur acusa a Hermosilla de utilizar los medios de comunicación -a través de entrevistas, notas de prensa y cartas al director escritas entre 2015 y 2019- para realizar declaraciones públicas sobre las causas judiciales entre las partes. La presentación indica que el denunciado afirmó que Yarur incurrió en conductas de “robo” o “apropiación indebida” de US$60 millones, omitiendo la inexistencia de sentencias condenatorias firmes y las resoluciones absolutorias dictadas por los tribunales. Sin embargo, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que el abogado no faltó a la veracidad, argumentando que sus dichos destacaron hechos fijados en las resoluciones judiciales y les atribuyeron una calificación que el tribunal estimó “plausible” en un sentido coloquial y no en su sentido técnico-penal. Además, determinó que sus juicios se enmarcaron dentro del ejercicio de la defensa de su cliente y que contaban con su autorización.