El Gobierno nacional pidió al Congreso de la República autorizar una modificación al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 por $3,9 billones, de los cuales $750.000 millones provienen de la reprogramación de recursos previstos para la calle 13 y la primera línea del metro de Bogotá: $437.000 millones de la vía y $313.000 millones del sistema ferroviario. El Ejecutivo sostiene que los recursos corresponden a apropiaciones previstas para 2026 y que la operación no afectará las partidas de 2027 ni los sistemas de transporte de otras regiones , dado que los dos proyectos involucrados se desarrollan en Bogotá. La solicitud presupuestal distribuye $1,2 billones para enfrentar la emergencia energética asociada al fenómeno de El Niño y las dificultades financieras de Air-e, con el objetivo de prevenir un apagón en la Costa Caribe. Los restantes $2,7 billones se destinarían al Fondo Milagro, creado para financiar atención humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucción en 16 departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La defensa del Ministerio de Hacienda sobre los recursos de Bogotá Al respecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió ante las Comisiones Económicas del Congreso que el traslado de las partidas de la calle 13 y del metro no surgió de una decisión reciente. El funcionario señaló que la reprogramación partió de solicitudes tramitadas durante la administración anterior y que el Gobierno actual concluyó el proceso para dos proyectos bogotanos con dificultades de ejecución. “Esos recursos provienen de una solicitud que se realizó durante el gobierno anterior y que se ha concluido en el Gobierno actual para reprogramar la evaluación de dos obras importantes, que son la calle 13 en Bogotá y el metro en la línea 1. Y por lo tanto, esos recursos provienen de obras que se realizan en Bogotá y, por lo tanto, los sistemas de transporte de otras regiones del país no se van a ver afectados”, afirmó Gómez. De esta manera, el alto funcionario respondió a los cuestionamientos de sectores de oposición, que interpretaron la medida como un recorte a la capital. Gómez atribuyó al expresidente Gustavo Petro la modificación del calendario de desembolsos para la primera línea y sostuvo que el Ejecutivo anterior no utilizó los recursos aplazados. “Les recuerdo a todos los de la oposición, que nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, que fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo presidente firmó el otrosí al convenio de cofinanciación y movió los desembolsos de la Línea 1 del Metro de 2026 para 2027 en adelante” , escribió el jefe de Hacienda también por medio de X. Según publicó, “Petro le quitó a la ciudad esos recursos. Y adivinen: no los ejecutó”. Insistió en que la reasignación busca responder al riesgo energético de la región Caribe. “Nosotros sí somos responsables con los recursos públicos y les estamos dando buen uso para mitigar la amenaza de apagón en la Costa Caribe”, reiteró Gómez. Los otrosíes y el calendario de pagos del metro de Bogotá Los antecedentes de la reprogramación se remontan a enero de 2025, cuando la Nación aplazó aportes presupuestales para proyectos de infraestructura, entre ellos la primera línea del metro de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó entonces la decisión y advirtió sobre eventuales sobrecostos para la ciudad. En julio de 2025, la Nación y el Distrito acordaron modificar el calendario financiero de varias obras de movilidad. Para la primera línea del metro, el aporte nacional programado inicialmente para ese mes se trasladó a octubre de 2025, dentro de un ajuste que buscaba reorganizar el flujo de caja sin alterar el valor total comprometido. Más adelante, el Gobierno informó en octubre de 2025 que suscribió nuevos otrosíes para actualizar los cronogramas de financiación y mantener la continuidad de las obras. El 31 de octubre de 2025, mediante el otrosí número 5, representantes de los ministerios de Hacienda y Transporte acordaron con Galán aplazar aportes nacionales previstos para ese año. Las referencias sobre el alcance de esos cambios no son coincidentes. El actual ministro de Hacienda aseguró que el otrosí trasladó pagos de 2026 a 2027 y años posteriores, mientras otra explicación sitúa los desembolsos reprogramados en 2025 y 2026; una tercera versión indica que el calendario de pagos se extendió hasta 2049. El contrato citado señala que los ajustes fueron examinados por su efecto fiscal y que no se identificó un impacto negativo sobre la sostenibilidad financiera de la obra ni sobre sus metas. El documento añade que el otrosí no implicó una modificación sustancial del convenio de cofinanciación ni del cronograma de la primera línea, y la Alcaldía sostuvo que el cambio no afectaría la ejecución. Además, la Nación se comprometió en 2017 a cofinanciar con el Distrito el 70% de estos proyectos de movilidad. La reasignación que ahora se discute se concentra, según las explicaciones oficiales, en la calle 13 y la primera línea del metro. Cómo se financiarían la emergencia energética y la reconstrucción Los $1,2 billones para el sector eléctrico provendrían de apropiaciones sin comprometer del Ministerio de Minas y Energía y de recursos de la Nación. El Ejecutivo sostiene que la operación no eleva el presupuesto total, sino que redistribuye fondos disponibles para reforzar la respuesta ante el fenómeno de El Niño. Los recursos llegarían al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que cubre pagos a las generadoras térmicas. La medida busca evitar interrupciones en la cadena de pagos en un periodo que el Gobierno considera sensible para el abastecimiento de energía y para la situación financiera de Air-e. “Lo que estamos solicitando es que estos proyectos puedan ser aprobados por ustedes para poder enfrentar la situación delicada que estamos viviendo en términos de provisión de energía”, dijo Gómez a los congresistas durante el debate del martes 27 de octubre. Los $2,7 billones para el Fondo Milagro procederían de ingresos extraordinarios derivados de los alivios tributarios decretados durante la emergencia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) certificó un recaudo de $1,1 billones con corte al 24 de octubre, y el Gobierno espera nuevos ingresos antes del vencimiento del beneficio, fijado para el 19 de noviembre. El proyecto requiere aprobación legislativa antes del cierre de la vigencia presupuestal, el 31 de diciembre. Para el Ejecutivo, la discusión no se limita al traslado de fondos desde las obras de Bogotá: define la disponibilidad de recursos para contener la presión sobre el sistema eléctrico y atender los daños causados por el terremoto.

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El Gobierno nacional pidió al Congreso de la República autorizar una modificación al Presupuesto General de la Nación (P