UDI propone asfixiar financieramente a Consejo de Asignaciones Parlamentarias y llevar su presupuesto a mil pesos

Casi ocho meses acéfalo cumplirá el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, luego de que los últimos integrantes de este organismo del Congreso culminaron su mandato. El 10 de marzo de este año fue la última sesión de esta entidad, cuya misión es regular el uso de los dineros fiscales (asignaciones) que se entregan para la labor institucional de los senadores y diputados . Por ejemplo, en temas de contratación de personal, gastos de oficina y arriendo de sedes. Si bien ya existe una propuesta —aprobada por el Senado— para designar a los cinco nuevos miembros del consejo, la fuerte resistencia de los diputados, que amenazaban con rechazar su nominación, frenó este proceso . Para que la nueva integración fuera aprobada se requiere del apoyo de tres quintos de la Cámara, es decir, 93 votos. Los diputados de la UDI, que se encuentran dentro del grupo que pretende rechazar la nominación de consejeros, irán más allá. En la presente tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, la bancada gremialista, a través de su subjefe, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), presentó una indicación para que los 771,6 millones de pesos que dispuso el Ministerio de Hacienda para el financiamiento del Consejo de Asignaciones sean reducidos a solo mil pesos . A dormir En vista de que los $771.650.000 del consejo fueron catalogados como gasto variable, en teoría, podrían ser reducidos al mínimo que permite la tramitación presupuestaria (“$1 miles”). Ello se traduciría en el congelamiento financiero del organismo al menos por 2027. Más del 91% del presupuesto anual de la entidad, que está incluido en la Partida del Congreso Nacional, corresponde a gastos de personal, de los cuales 255 millones son dietas de los consejeros. Dado que estos meses el consejo se encuentra sin cabeza, es plata que el Congreso Nacional se está ahorrando. El problema es que la paralización del Consejo de Asignaciones se está traduciendo en un vacío para interpretar, reajustar y regular el uso de estos dineros públicos que se entregan a diputados y senadores, cuando surjan dudas en el quehacer parlamentario. La fiscalización de esos fondos, sin embargo, corre por carril separado a cargo del Comité de Auditoría, organismo que sigue operando con normalidad. Votación pendiente De todos modos, para salir de este embrollo, una comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, había llegado a un acuerdo para nominar a los cinco nuevos consejeros. Esa propuesta ya fue aprobada por amplia mayoría en el Senado (33 votos a favor y 8 abstenciones) el pasado 22 de septiembre, pero en la Cámara el panorama es completamente distinto. Razones para suponer que la nómina podría ser rechazada hay varias. Entre los diputados de RN, el PS y la UDI hay un subterráneo disgusto con la decisión de la comisión bicameral, donde se impuso la voluntad de un grupo de senadores de sus mismos partidos, además de los del PPD, para proponer a los exmiembros de la Cámara Alta Jaime Quintana (PPD) y Rafael Prohens (RN). Ello dejó fuera de carrera a los exdiputados Daniel Melo (PS), Leonardo Soto (PS), Jorge Rathgeb y Hugo Rey (RN). En ese acuerdo también se definieron los nombres de Matías Acevedo (exdirector de Presupuestos), Roberto Zahler (exconsejero del Banco Central) y María Graciela Brantt (académica de una facultad universitaria). No obstante, esa nómina tampoco dejó conformes a los partidos Republicano y Nacional Libertario. De hecho, cuando se votó esta nominación en la Sala, los senadores Arturo Squella (republicano) y Vanessa Kaiser (libertaria) hicieron sus reparos y se abstuvieron. Además se sumó un factor de índole judicial. La Fiscalía de Copiapó tiene una investigación abierta por una denuncia de presunto cohecho, levantada por una empresa de Atacama, que salpica a Prohens. Incluso existe un informe del Comité de Auditoría —que supervisa el cumplimiento de las instrucciones del Consejo de Asignaciones— que transparenta que el año pasado el Ministerio Público requirió información por ese caso. Ante las dudas que generó aquella denuncia, los senadores del Frente Amplio Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez también se abstuvieron, a pesar de que la nómina de cinco integrantes fue visada por el diputado Jaime Bassa , quien fue el representante del FA en la Comisión Bicameral. Ante la falta de apoyo, la misma Mesa de la Cámara resolvió no someter a votación por, el momento, la propuesta. Sin embargo, si esta definición se sigue postergando, ya son varias las opiniones en la Cámara y el Senado que sugieren que lo mejor sería iniciar una reforma para suprimir esta entidad, ya que la fiscalización de los recursos sigue operando de todos modos a través del Comité de Auditoría, cuya continuidad no está en cuestionamiento.