La Defensoría del Pueblo denunció el desplazamiento forzado de cerca de 500 indígenas de Villa Nueva, en Nuquí, Chocó, que abandonaron su territorio durante la tarde del 1 de noviembre de 2026 ante el temor por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. La entidad informó que entre los desplazados hay niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. Según la información que recibió la Defensoría, las familias permanecen de forma temporal en Jurubidá, una comunidad afrodescendiente, sin que hayan podido completar el traslado a la cabecera municipal de Nuquí. La Defensoría del Pueblo señaló que los habitantes de Villa Nueva salieron de su territorio debido al “temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales”. La entidad indicó que mantiene presencia institucional en Nuqu í, donde adelanta labores de seguimiento y verificación de la emergencia , además de gestiones con las autoridades competentes para responder a las necesidades de la población afectada. La alerta se produjo tras asesinatos y un presunto secuestro El desplazamiento ocurrió dos días después de que la Defensoría del Pueblo enviara un oficio sobre la consumación del riesgo previsto en la Alerta Temprana 009 de 2024, documento en el que advirtió un deterioro de las condiciones de seguridad en el sector de Villa Nueva. De acuerdo con la entidad, la advertencia se emitió tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera. La Defensoría relacionó esos hechos con la situación de riesgo que afrontan las comunidades que viven en esta zona del litoral chocoano. Según el organismo, la disputa territorial involucra al Clan del Golfo, grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La entidad sostuvo que esa confrontación afecta los derechos fundamentales de los habitantes de las comunidades rurales de Nuquí. La Defensoría del Pueblo no atribuyó los asesinatos ni el presunto secuestro a uno de los grupos mencionados. Su pronunciamiento alertó sobre el impacto de la presencia armada en una región donde los traslados dependen de rutas fluviales y marítimas. El organismo pidió que las instituciones responsables adopten medidas para proteger a las familias desplazadas y a quienes aún permanecen en los territorios bajo riesgo . “Es indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y territorios”, afirmó. Pidieron transporte fluvial y atención para las familias desplazadas La Defensoría solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales activar una respuesta conjunta para atender a la población de Villa Nueva. El llamado incluye la entrega de alimentos, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal con enfoque étnico y diferencial. “Garanticen la atención humanitaria inmediata de las familias desplazadas, incluyendo alimentación, agua potable, atención en salud y condiciones dignas de alojamiento temporal”, pidió la entidad en su pronunciamiento público. También pidió coordinar medios de transporte fluvial y medidas de protección que permitan un traslado seguro de las familias. Esa movilización, indicó, deberá realizarse cuando existan condiciones de seguridad y navegación adecuadas. La entidad solicitó además activar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado. El pedido contempla una coordinación con las autoridades indígenas y con las comunidades receptoras, entre ellas Jurubidá, donde permanecen de forma temporal los habitantes de Villa Nueva. Puerto Indio podría sumarse a los desplazamientos El organismo alertó sobre la posibilidad de que la situación alcance a otras comunidades de Nuquí. Según la información conocida por la Defensoría, cerca de 300 habitantes de Puerto Indio evalúan abandonar su territorio ante las condiciones de inseguridad. La entidad pidió adoptar acciones urgentes de prevención y protección para esa población. En particular, solicitó a las autoridades evitar que el temor por la presencia de grupos armados derive en un nuevo desplazamiento colectivo. La Defensoría informó que continuará en Nuquí con las tareas de verificación y articulación institucional. La respuesta estatal deberá atender la situación humanitaria de los habitantes de Villa Nueva y las medidas preventivas requeridas por las comunidades que siguen en sus territorios.

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La Defensoría del Pueblo denunció el desplazamiento forzado de cerca de 500 indígenas de Villa Nueva, en Nuquí, Chocó, q