Farmacias: ampliar el acceso ¿y la seguridad de los pacientes?

En medio del debate sobre las condiciones que deben regir el funcionamiento de las farmacias en Chile , surge una pregunta clave: ¿cómo avanzar hacia un acceso más equitativo a los medicamentos sin comprometer la seguridad de las personas? Cualquier reforma en esta materia debe partir de una premisa fundamental: facilitar el acceso no puede significar reducir los estándares sanitarios que resguardan a los pacientes. Los medicamentos son herramientas esenciales para prevenir y tratar enfermedades, pero también pueden provocar efectos adversos, interacciones peligrosas o complicaciones cuando no se utilizan correctamente. Por ello, su dispensación forma parte de un proceso sanitario que exige conocimientos especializados y supervisión profesional. No basta con que un medicamento llegue a manos del paciente; también es necesario asegurar su calidad, conservación, autenticidad y uso adecuado. En este contexto, el rol del químico farmacéutico resulta fundamental. Su labor no se limita a la administración de una farmacia o a la entrega de productos. Este profesional participa en la revisión de prescripciones, la detección de problemas farmacoterapéuticos, la educación de los usuarios y la orientación frente a eventuales riesgos asociados a los tratamientos. Su presencia constituye un resguardo para la seguridad de los pacientes y contribuye al uso racional de los medicamentos. Por ello, en Chile las farmacias son reconocidas como establecimientos de salud y su dirección técnica recae en un químico farmacéutico. Esta responsabilidad trasciende la actividad comercial y responde a la necesidad de garantizar una atención segura y centrada en las personas. Sin embargo, también es necesario reconocer las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a sus tratamientos . Los costos de los medicamentos, las brechas territoriales y los problemas de desplazamiento afectan especialmente a quienes viven en comunidades alejadas o en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estas barreras incluso pueden incentivar la compra en canales informales, exponiendo a las personas a productos falsificados, adulterados o mal conservados. Frente a esta realidad, el desafío no es debilitar los resguardos sanitarios, sino fortalecer las estrategias que permitan acercar los medicamentos a la población. La expansión de las farmacias municipales, el fortalecimiento de los servicios farmacéuticos en atención primaria, la intermediación de Cenabast y los mecanismos autorizados de distribución son alternativas que pueden mejorar el acceso sin comprometer la seguridad. Las reformas orientadas a ampliar la cobertura o reducir costos deben sustentarse en evidencia científica y evaluarse rigurosamente. La salud pública exige avanzar con responsabilidad, equilibrando el acceso a los tratamientos con la protección de los pacientes. Solo así será posible construir soluciones sostenibles, equitativas y seguras para toda la población.