De la Espriella publicó video de la firma de la Ley de Sometimiento y lanzó advertencia: “¡El que delinquió tiene que pagar!”

El presidente Abelardo de la Espriella publicó un video del momento en que firmó la Ley de Sometimiento, acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto. Durante la grabación, el mandatario defendió el alcance de la iniciativa y aseguró que los integrantes de organizaciones criminales deberán responder por sus delitos, reparar a las víctimas y entregar sus bienes ilegales. La publicación se conoció el miércoles 4 de noviembre de 2026, después de que el Congreso de la República aprobara el mismo texto en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, lo que permitió que el proyecto pasara directamente a sanción presidencial sin necesidad de una conciliación. “¡El que delinquió tiene que pagar!”, escribió De la Espriella en sus redes sociales , donde también sostuvo que con la nueva disposición se terminan los privilegios y las concesiones a las estructuras criminales. Así fue el momento de la firma de la Ley de Sometimiento En el video aparecen De la Espriella, Cancino y Barreto sentados alrededor de una mesa, con los documentos de la iniciativa y marcadores. Los tres intervienen durante la grabación y firman el texto frente a la cámara. Al comenzar, el presidente presenta al ministro de Justicia y al secretario jurídico de la Presidencia. Posteriormente, anuncia la firma de la norma y felicita a Cancino por su trabajo durante el trámite en el Congreso. También agradece a los legisladores que respaldaron el proyecto. “Vamos a firmar en este momento la ley de sometimiento”, expresa el mandatario antes de preguntarle al ministro por la importancia de la iniciativa para la justicia, la verdad y la paz. En respuesta, Cancino explica que la propuesta contempla mecanismos para que las organizaciones criminales se sometan a la justicia bajo condiciones establecidas en la ley. El funcionario señala que la disposición no contempla la devolución de dinero a los integrantes de estas estructuras ni la suspensión de órdenes de captura o de extradiciones. También menciona las medidas de protección para los menores de edad y las sanciones por reclutamiento forzado. “ Cualquier cosa que quieran ganar tiene que ser de acuerdo a un cumplimiento riguroso de condiciones que puso la ley ”, afirma el ministro. De la Espriella, por su parte, sostiene que las víctimas deben ocupar un lugar central en el mecanismo y asegura que la iniciativa no se limita al sometimiento de las organizaciones ilegales. “ Esta ley de sometimiento, no solamente es de sometimiento, es de verdadera paz, porque las víctimas están en el centro de esta ley ”, manifiesta. Cancino agrega que quienes busquen beneficios deberán aportar información sobre sus actividades criminales y sus posibles vínculos con funcionarios públicos y políticos. “Cada vez que quieran algo, tienen que dar un aporte a la verdad real y absoluto y concreto ”, señala el ministro, quien también destaca la importancia de entregar información sobre nexos de corrupción con autoridades y dirigentes políticos. De la Espriella aseguró que con la ley termina la “falsa paz” Hacia el final de la grabación, el presidente vuelve a referirse al alcance de la iniciativa y afirma que su sanción representa el fin de lo que denomina la “falsa paz”. “Con la sanción de esta ley se acaba formalmente la falsa paz. Estoy feliz de firmar esta ley y de hacer lo correcto, doctor Cancino ”, expresa. El mandatario también sostiene que su administración está comprometida con la legalidad, el Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes de la República. Además del video, De la Espriella publicó un pronunciamiento en el que aseguró que la norma pone fin a los beneficios que, según su interpretación, se habían concedido a integrantes de organizaciones criminales. “ En Colombia los criminales se someten a la justicia, no el Estado a los criminales ”, escribió. En el mensaje, el presidente enumeró las condiciones que, de acuerdo con sus declaraciones, deberán cumplir quienes pretendan acceder a los mecanismos contemplados en la ley: confesar sus delitos, reparar a las víctimas, entregar los recursos obtenidos ilegalmente y responder ante las autoridades judiciales. El jefe de Estado también afirmó que no habrá impunidad ni premios para los responsables de actividades criminales y defendió la autoridad del Estado como fundamento de su política de seguridad. Qué establece la Ley de Sometimiento para las organizaciones criminales La iniciativa, oficializada como Ley 2640, modifica la Ley de Orden Público y prorroga la Ley 418 de 1997. Su propósito es establecer un marco jurídico para facilitar el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto, sin reconocerles estatus político ni abrir negociaciones políticas con sus integrantes. Entre sus disposiciones establece un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para los cabecillas y seis años para los colaboradores. También contempla reducciones de pena condicionadas al cumplimiento de los compromisos con la justicia. Para los integrantes de base se establecen rebajas de hasta el 50%, mientras que para los mandos de las organizaciones pueden llegar hasta el 30%. El acceso a estos beneficios está sujeto a la colaboración eficaz con las autoridades y a la entrega de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. Las condenas deberán cumplirse en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) . La norma también contempla la pérdida de beneficios para quienes oculten información sobre personas desaparecidas, con el propósito de vincular los incentivos judiciales a la entrega de datos útiles para las investigaciones. Otro de sus componentes está relacionado con la transformación de los territorios afectados por economías ilegales. El artículo 13 establece mecanismos de articulación institucional para impulsar alternativas económicas legales en estas zonas. A su vez, el artículo 19 crea programas de tránsito a la legalidad bajo la coordinación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) . Estos deberán contar con lineamientos de los ministerios de Trabajo y Educación, además de procesos de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). El Congreso aprobó el mismo texto para evitar una conciliación La sanción presidencial se produjo después de que las dos cámaras del Congreso aprobaran un articulado idéntico. En la Cámara de Representantes, el proyecto obtuvo 95 votos a favor y 10 en contra, mientras que en el Senado recibió 57 votos positivos y 24 negativos. Para unificar el texto, los representantes reabrieron los artículos 2 y 25. Este último fue eliminado con 78 votos, luego de los cuestionamientos a las disposiciones relacionadas con el manejo de recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). El representante de la Alianza Verde Jaime Raúl Salamanca Torres señaló que la eliminación retiró una disposición que permitía la contratación directa y reservada con recursos de ese fondo. El congresista también informó que cuatro de sus once proposiciones fueron aceptadas y otras tres se incorporaron parcialmente. Entre los cambios destacó la posibilidad de investigar a terceros mencionados por integrantes de grupos armados ilegales, sin esperar una condena contra quien entregue la información. Durante el trámite legislativo también se aprobaron disposiciones relacionadas con la deforestación, la tala ilegal y la minería ilegal, así como medidas de restauración ecológica y garantías jurídicas para integrantes de la fuerza pública. Salamanca advirtió que todavía están pendientes aspectos relacionados con la definición de recursos y plazos para la reparación a las víctimas, además de salvaguardas frente a posibles presiones en los procesos de libertad condicional. Con la aprobación del mismo articulado en Senado y Cámara, los presidentes de ambas corporaciones, Honorio Henríquez y Nicolás Barguil, firmaron el documento legislativo antes de su sanción presidencial.