Sheinbaum gobierna con las migajas del presupuesto

No es solamente una expresión política. Los números contenidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 muestran hasta qué punto las finanzas públicas mexicanas se encuentran comprometidas por decisiones tomadas en el pasado y por obligaciones que difícilmente pueden modificarse de un año para otro. El gobierno propone gastar alrededor de 10.6 billones de pesos durante 2027. La cifra parece gigantesca hasta que se observa cómo está distribuida. De cada 100 pesos del presupuesto, poco más de 80 ya están comprometidos en gastos programados: pensiones, costo financiero de la deuda, participaciones a estados, programas sociales, salarios y otras obligaciones. Apenas dos de cada diez pesos tienen cierta disponibilidad para que opere el gobierno en programas, infraestructura y nuevas obras como la red de ferrocarriles. Esa es la verdadera camisa de fuerza presupuestal. Las pensiones constituyen una de las mayores presiones. El PPEF contempla alrededor de 1.84 billones de pesos para ese concepto y el envejecimiento poblacional seguirá elevando esa factura durante los próximos años. Después viene la deuda. Se destinarán alrededor de 1.6 billones de pesos solamente al costo financiero: intereses, comisiones y demás gastos derivados de obligaciones previamente adquiridas. Son más de 4 mil millones de pesos diarios. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que el costo financiero de la deuda alcanzará 4 por ciento del PIB, mientras los requerimientos financieros del sector público serán de 3.9 por ciento. En otras palabras, el costo de financiar la deuda será superior al nuevo endeudamiento requerido durante el año. Pero hay algo todavía más delicado. El CIEP calcula que la deuda pública, en su medida más amplia, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, alcanzará 55 por ciento del PIB en 2027 y seguirá creciendo hasta 56.5 por ciento en 2032. Mientras la deuda sube, los ingresos no lo hacen al mismo ritmo. El propio CIEP advierte que los ingresos públicos permanecerán alrededor del 22.8 por ciento del PIB. Es decir, México pretende sostener obligaciones cada vez mayores con una capacidad de generación de recursos que prácticamente permanece estancada. De 2018 a 2027, la deuda amplia habrá pasado de 43.6 a 55 por ciento del PIB: un incremento de 11.4 puntos porcentuales. En términos reales, representa un crecimiento de 37.3 por ciento. La deuda por habitante, además, pasaría de aproximadamente 129 mil a 160 mil pesos de 2027 durante ese periodo. La herencia fiscal comienza a convertirse así en una pesada hipoteca para las siguientes generaciones. El gobierno mantiene los Programas para el Bienestar que Andrés Manuel López Obrador convirtió en uno de los pilares de su política social y que Sheinbaum decidió conservar y ampliar. La discusión no debería reducirse a si esos apoyos tienen rentabilidad electoral, que sí lo tienen, sino a una cuestión mucho más importante: si su crecimiento resulta sostenible cuando la economía avanza lentamente y el espacio fiscal continúa reduciéndose. A ello deben sumarse las necesidades financieras de Pemex y la obligación de mantener proyectos heredados del sexenio anterior, entre ellos el Tren Maya. La herencia presupuestal de López Obrador persigue a Sheinbaum. Pero después de dos años de gobierno ya tampoco será suficiente responsabilizar exclusivamente al antecesor. La presidenta decidió conservar buena parte del modelo fiscal y social heredado y, por tanto, también tendrá que responder por sus consecuencias. México necesita crecimiento para sostener semejante estructura de gasto. La inseguridad, la extorsión, un Estado de derecho cuestionado, las deficiencias de infraestructura, la disponibilidad de agua y energía en determinadas regiones y la incertidumbre comercial con Estados Unidos constituyen obstáculos para detonar las inversiones que necesita el país. La economía crece poco; los compromisos presupuestales aumentan; los ingresos permanecen alrededor de 22.8 por ciento del PIB; el gobierno necesita endeudarse; la deuda genera mayores intereses y esos intereses reducen todavía más los recursos disponibles para inversión productiva. Sheinbaum no gobierna con 10.6 billones disponibles. Gobierna con lo que queda después de pagar las facturas y cada año queda menos. Si México no recupera crecimiento económico, inversión y productividad, el resto del sexenio estará condicionado por esa camisa de fuerza presupuestal. El país seguirá viviendo de prestado, lo que significa mandar la deuda a quienes no han nacido o a aquellos que todavía ni siquiera pueden votar.