Es hora de ajustar el gabinete

En política, los problemas rara vez llegan solos. Se acumulan, se contaminan entre sí y, cuando el gobierno pierde capacidad para anticiparlos y resolverlos, terminan convirtiéndose en problemas de gobernabilidad. Claudia Sheinbaum debería observar con particular atención lo que está ocurriendo en el país porque comienzan a coincidir demasiados focos rojos: inseguridad, desapariciones, desplazamientos por la violencia, protestas laborales, movilizaciones de transportistas, inconformidad de productores agrícolas, problemas regionales como la crisis del agua en Guadalajara y, además, un escenario económico caracterizado por un crecimiento insuficiente y fuertes presiones sobre las finanzas públicas. Todo ello ocurre en la víspera de las elecciones intermedias de 2027 y con un INE obligado a reconstruir su credibilidad después de la salida de Guadalupe Taddei y de los cuestionamientos derivados de investigaciones sobre contrataciones durante su gestión. Existen suficientes señales de tensión para preguntarse si la presidenta debería realizar un ajuste de gabinete antes de que los problemas crezcan. Además, es tiempo de incorporar a su gente de confianza, a los leales a ella, a las tareas del gabinete presidencial. El primer foco está precisamente en Gobernación. Rosa Icela Rodríguez tiene bajo su responsabilidad una dependencia cuya razón fundamental consiste en mantener abiertos los canales políticos, anticipar conflictos y evitar que las inconformidades sociales lleguen al punto de paralizar carreteras, instalaciones públicas o actividades económicas. Este lunes, organizaciones de transportistas realizaron un paro nacional para reclamar respuestas ante la inseguridad, extorsiones, robos, costos de operación y otras demandas. Gobernación reportó movilizaciones en 19 estados; los convocantes aseguraron tener presencia en las 32 entidades. Algunas organizaciones sostienen que compromisos establecidos desde 2024 siguen sin traducirse en soluciones suficientes. Cuando agricultores, transportistas, trabajadores de la salud y otros sectores consideran necesario salir a las calles para conseguir respuestas, el problema deja de ser exclusivamente sectorial y comienza a convertirse en político. La crisis por el agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara ha provocado manifestaciones, bloqueos, enfrentamientos y racionamiento. El cierre de una fuente contaminada eliminó alrededor del 19 por ciento del abastecimiento de la ciudad y el problema puede afectar a cientos de miles de personas. Incluso pacientes de hemodiálisis del IMSS han denunciado suspensiones de sesiones porque el agua disponible no cumplía con los estándares médicos necesarios. Aunque buena parte de la responsabilidad corresponde al gobierno de Jalisco y a las autoridades locales, cuando una crisis regional alcanza esas dimensiones, inevitablemente termina tocando las puertas del gobierno federal. Paralelo a la gobernabilidad, está el tema económico. El Fondo Monetario Internacional estima una expansión de 1.5 por ciento para 2026 y de 1.8 por ciento para 2027. El problema es precisamente ese: son tasas demasiado modestas para las necesidades de un país que requiere crear empleos, aumentar la inversión, financiar infraestructura y sostener compromisos crecientes de gasto público. El gobierno necesita financiar programas sociales, pensiones, intereses de la deuda, infraestructura y empresas públicas mientras intenta reducir gradualmente el déficit. La deuda bruta del sector público, de acuerdo con las proyecciones del FMI, pasaría de 61.7 por ciento del PIB en 2025 a 62.1 por ciento este año y 62.9 por ciento en 2027. Las calificadoras ya están observando el deterioro. El pasado 15 de octubre, HR Ratings redujo la calificación soberana de largo plazo de México de BBB+ a BBB, aunque mantuvo la perspectiva estable y el grado de inversión. En este contexto, Sheinbaum conserva capacidad política, mayoría legislativa y una maquinaria gubernamental a su disposición, pero comienza a enfrentar problemas que no se solucionan con conferencias matutinas ni con administrar la narrativa pública, sino con buenas decisiones y con colaboradores eficaces. Un ajuste de gabinete no necesariamente representa una admisión de fracaso. Puede convertirse en un instrumento para recuperar iniciativa política antes de unas elecciones particularmente importantes. El peor error sería esperar a que las crisis determinen los cambios. Gobernación requiere recuperar capacidad de interlocución. Hacienda debe contener las presiones fiscales. Salud y el IMSS deben resolver el desabasto de medicamentos y responder al malestar de trabajadores y derechohabientes. El gabinete de seguridad debe dar resultados en el tema de las desapariciones. Además, el gobierno federal tendrá que demostrar que puede procesar la protesta social sin criminalizarla ni permitir que los conflictos hagan metástasis en el resto del país. Claudia Sheinbaum todavía tiene margen para mover sus piezas. La pregunta es cuánto tiempo conservará ese margen. Porque los gobiernos rara vez enfrentan problemas graves ante una sola crisis; son la gota que derrama el vaso.