Con el Decreto 1631, del 3 de noviembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de la exfiscal y exministra Viviane Morales como alta consejera comisionada de Paz: una figura que el presidente había prometido eliminar al asumir el cargo, por lo que uno de los interrogantes es cuánto tiempo tendrá la funcionaria para desempeñar su labor. El nombramiento de Morales se oficializó a través de la publicación del documento en el Diario Oficial, en su edición 53.679 y una vez confirmado, una de las principales tareas que tendrá a su cargo será la de vigilar la implementación de los acuerdos de paz y examinar lo que el Ejecutivo denomina la “falsa paz” promovida durante la administración de Gustavo Petro. Posteriormente, en la mañana del miércoles 4 de noviembre, Morales tomó posesión de su cargo al rendir juramento ante el jefe de Estado. “ Bienvenida de nuevo al equipo del Tigre ”, fue el mensaje con el que el presidente, con su pronunciamiento en su cuenta de Instagram, recibió de nuevo a la funcionaria, que tras dos meses retornará a las labores de Gobierno. La abogada había renunciado al Ministerio de Educación el 2 de septiembre de 2026 , luego de tres semanas en la cartera. La entonces ministra atribuyó su salida a una situación de salud de su hija, diagnosticada con un meningioma cerebral que le provocó parálisis del sexto par craneal y visión doble en una zona que no podía ser operada; situación que estaría superada. En el decreto se indicó que la exministra asumirá “a partir de la fecha” el cargo descrito, con la responsabilidad de reorganizar la destinación de recursos y los obstáculos institucionales que hayan afectado la justicia, la reparación de las víctimas y la seguridad. También dirigirá de forma encargada la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Y es que según se había adelantado en un comunicado de la presidencia, el Gobierno quiere que haga evaluación “exhaustiva” del cumplimiento de los compromisos pactados por el Estado con integrantes de grupos armados ilegales que hayan demostrado voluntad de reincorporarse a la vida civil. Se prevé entonces que la de Morales sea una función de cierre. En síntesis, el Ejecutivo busca “examinar los resultados de la denominada falsa paz” y desmontar “estructuras burocráticas innecesarias” que, según su posición, se apartaron de los objetivos originales de las políticas de paz. Con ello, también se quiere terminar con “la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”. Con las instrucciones entregadas por el presidente, Morales deberá impulsar las reformas que el Gobierno considere necesarias para defender su visión de los procesos de negociación que se adelantaron en el pasado. De entrada, De la Espriella puso fin a las nueve mesas establecidas por la administración Petro, amparadas en la política de Paz Total. Cargo de comisionado de Paz se mantiene pese a la promesa de Abelardo de la Espriella de eliminar la figura El primer mandatario había anunciado, tras asumir la presidencia, que eliminaría la figura del alto comisionado para la Paz porque su gobierno no permitiría más “procesos de falsa paz” . En ese momento, De la Espriella indicó que las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo pasarían a lo que sería la nueva figura del comisionado nacional de Seguridad. Según se supo, Morales mantiene la oficina mediante un nombramiento ordinario y dejaría pendiente la definición sobre el periodo de duración de su cargo . La reestructuración planteada por el Gobierno buscaba concentrar la política estatal en el fortalecimiento de la fuerza pública, el ordenamiento territorial y la revisión de mecanismos de impunidad judicial. “ La paz no puede limitarse a discursos ni a concesiones que favorezcan a los criminales mientras las víctimas siguen esperando justicia y los colombianos exigen seguridad”, precisó el Gobierno al dar a conocer la designación de la exfiscal para el cargo. Según el Ejecutivo, una “verdadera paz” exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley y seguridad".
Con el Decreto 1631, del 3 de noviembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de la exfisc





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