La UE encara la cumbre de Turquía con el reto de transformar los compromisos en acuerdos

Redacción Medioambiente, 2 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) encara la cumbre del clima en Antalya (Turquía) con la idea de materializar en acuerdos los compromisos existentes, sobre todo los que tienen que ver con transición energética, reducción de emisiones y adaptación pero con serias dudas sobre el cumplimiento del Acuerdo de París. El pasado 12 de octubre los veintisiete definieron la posición negociadora común que el bloque defenderá en la COP31 (del 9 al 20 de noviembre) en un contexto de vaivenes geopolíticos en el que la UE vincula cada vez más la descarbonización a su propia supervivencia y autonomía estratégica. En ese mandato, los países admiten que "es probable que se supere" el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados frente a los niveles preindustriales, pero reclaman una acción "urgente y ambiciosa" para evitar "cada fracción adicional de grado de calentamiento" y regresar posteriormente a una trayectoria compatible con ese límite. La UE sostiene que la COP31 ha de marcar un "salto cualitativo" en la aplicación del citado acuerdo y demandará la ejecución de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), los planes climáticos de cada país, así como la presentación urgente de los que aún faltan. Los Veintisiete insisten en aplicar los resultados del primer balance mundial de ese acuerdo, incluida la "transición para abandonar los combustibles fósiles" y la aceleración de la transición hacia energías limpias, con la "electrificación limpia" como uno de sus componentes. El bloque quiere asimismo que la cumbre cuente con espacio suficiente para llevar a cabo debates acerca de los esfuerzos de mitigación y orientar el segundo balance mundial del Acuerdo de París. Para el ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O’Brien, "el momento de actuar es ahora" y la COP debe ser el "punto de inflexión" para que los compromisos se conviertan en realidad tangible. El pasado 22 de octubre, el Parlamento Europeo pidió a la UE que se dote de un calendario para abandonar los combustibles fósiles cara la cumbre e instó al bloque a liderar las negociaciones para acelerar la transición energética. Los parlamentarios advierten de que Europa es el continente que se calienta más rápidamente y consideran que la UE no puede permitirse ralentizar su acción climática. El bloque mantiene la trayectoria para reducir sus emisiones un 54 % de aquí a 2030 respecto a los niveles de 1990, siempre que los Estados apliquen los planes existentes, aunque las primeras estimaciones de Eurostat apuntan a un aumento del 1 % de las mismas entre 2024 y 2025. En cuanto a financiación, los parlamentarios reclaman un incremento de las contribuciones internacionales, especialmente mediante subvenciones y préstamos en condiciones favorables, y evitar que las ayudas agraven el endeudamiento de los países más vulnerables al calentamiento global. Ante el escenario próximo de la COP31, la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera advirtió en una entrevista reciente con EFE de que el cambio climático amenaza la competitividad europea y puede hacer "colapsar" infraestructuras esenciales. Esos riesgos llevaron a Bruselas a presentar el pasado 27 de octubre nuevas normas para integrar la adaptación climática en todas las políticas sectoriales. "Negar la realidad parece que se ha puesto de moda por parte de algunos. Negar la ciencia parece que se ha puesto de moda por parte de algunos, pero desgraciadamente eso cuesta vidas y cuesta dinero", afirmó Ribera. La responsable del Ejecutivo comunitario de coordinar las políticas para una Transición Limpia, Justa y Competitiva remarcó que reducir las emisiones sigue siendo prioritario pero no es suficiente para proteger a la población y la economía. Defiende la propuesta de creación de un Marco de Resiliencia Climática presentado por la Comisión Europea, que busca obligar a los países de la UE a incorporar los riesgos climáticos en sus políticas, planificar medidas de adaptación y evaluar sus avances con criterios comunes. En 2025, la Unión Europea (UE) y sus 27 Estados miembros aportaron 32.300 millones de euros de dinero público en financiación climática para los países en desarrollo, según datos del Consejo de la UE. La UE también movilizó 9.300 millones de euros en financiación privada para ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático.