Noviembre es el Mes de la Prevención de la Violencia Sexual contra Bebés, Niñas, Niños y Adolescentes , una fecha que vuelve a poner en primer plano las barreras para reconocer, escuchar y reparar este tipo de violencia. Para Unicef , el abuso sexual infantil comprende contactos e interacciones entre una persona menor de edad y un adulto que utiliza esa relación para su propia estimulación sexual, la del niño, niña o adolescente o la de otra persona. El organismo advierte además que puede haber abuso entre un adolescente y un niño o niña de menor edad cuando existe una diferencia relevante de edad, desarrollo o tamaño, o un aprovechamiento de esa desigualdad. La definición sitúa una discusión que, según especialistas, abarca las formas de violencia que se revelan años después de ocurridas y aquellas que se prolongan mediante entornos digitales. Para Sonia Almada , psicoanalista y presidenta de ARALMA , las respuestas institucionales siguen divididas entre disciplinas, organismos y jurisdicciones, aun cuando la violencia puede atravesar espacios presenciales y digitales. La especialista ha planteado que esa persistencia obliga a revisar la prevención, los mecanismos que se activan cuando una niña o un niño pide ayuda, la actuación de los organismos de protección y la Justicia, y el acompañamiento disponible para las personas sobrevivientes. Su planteo se dio en el marco del primer encuentro presencial de la Plataforma de Sobrevivientes de ARALMA y de la convocatoria, junto con el Instituto de los Derechos de las Mujeres del Colegio de Abogados de San Isidro, a una mesa de articulación latinoamericana. Almada sostuvo que los sectores que intervienen habitualmente por separado necesitan articular el conocimiento producido por sobrevivientes y organizaciones territoriales con los aportes de la psicología, el derecho, la educación, los sindicatos y los organismos de protección. En ese marco, propuso analizar las modalidades actuales de explotación sexual en línea como parte de una “economía depredatoria de la infancia” , una trama de producción y circulación de material que, según su planteo, puede extender el daño y demanda acciones coordinadas para interrumpirlo. Los tiempos de la revelación inciden en el acceso a la justicia La psicoanalista se refirió a los tiempos que pueden requerir las víctimas para revelar lo sucedido. Su exposición abordó la valoración de la prueba cuando pasaron muchos años desde los hechos y señaló que la psicología puede aportar herramientas en diálogo con la investigación judicial, sin sustituirla. Ese debate se relaciona con “Sin plazo para la verdad” , la iniciativa mediante la cual ARALMA impulsa la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra la infancia. La asociación sostiene desde hace años que la prescripción penal puede cerrar el camino judicial para quienes logran hablar tiempo después. Entre sus líneas de trabajo también figuran la creación de comisiones de la verdad y la reparación, planteadas como mecanismos para abordar las consecuencias de estas violencias. La abogada Nelly Minyersky , profesora consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires , retomó la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Ese pronunciamiento reconoce el cuidado como derecho humano autónomo e incluye, entre sus dimensiones, el derecho al autocuidado. A partir de esa referencia, Minyersky propuso una prevención basada en una educación integral que permita a niñas, niños y adolescentes reconocer su integridad e identificar las situaciones que la afectan. Su enfoque ubica la sexualidad dentro de una formación más amplia sobre el cuerpo, los vínculos y los derechos. La asociación vinculó esa perspectiva con sus propuestas legislativas. Además de promover la imprescriptibilidad en el debate abierto en la Cámara de Diputados de la Nación, ARALMA acompaña una iniciativa de comisiones de la verdad y la reparación elaborada junto con la diputada Claudia Balagué , actualmente en tratamiento en la Legislatura de Santa Fe . Ambas líneas parten, según se expuso, de que la violencia sexual afecta la integridad de las personas en diversas dimensiones. Organizaciones y profesionales señalaron obstáculos recurrentes Las intervenciones reunidas durante la jornada identificaron cinco nudos de trabajo. El primero fue la fragmentación de responsabilidades: distintos organismos participan en etapas separadas, pero, de acuerdo con los planteos, falta una articulación que sostenga la respuesta desde el inicio hasta el final. El segundo punto se vinculó con la escucha. El derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos requiere profesionales capacitados, ámbitos adecuados y decisiones que contemplen lo expresado por ellos, señalaron los participantes. También requiere comprender que la violencia sexual puede develarse mucho después de los hechos. En tercer lugar, se discutió la discontinuidad de la prevención y del acompañamiento. Las organizaciones señalaron campañas insuficientes y dificultades para garantizar apoyo durante el tiempo que cada situación exige. También describieron la ausencia de redes institucionales que respalden a quienes acompañan casos complejos. Las barreras para llegar a la Justicia integraron el cuarto eje. Además de la prescripción, se puso en discusión cómo valorar pruebas producidas luego de largos períodos y qué aportes puede brindar la psicología para comprender los procesos de revelación y las consecuencias de la violencia, siempre dentro de una investigación judicial. El quinto nudo fue la desigualdad y la falta de seguimiento. Según las experiencias presentadas, el territorio, los recursos, el género, la discapacidad y otras condiciones influyen en las posibilidades de recibir protección, atención especializada y justicia. La mesa planteó la necesidad de evaluar qué sucede después de cada intervención y si las medidas adoptadas llegan a proteger a las víctimas a tiempo. Fabiana Malatesta , abogada parlamentaria y presidenta de Gen IUS , presentó una matriz de intervención para examinar cinco casos concretos. La herramienta busca determinar, para cada situación, dónde se ubica el obstáculo y qué respuesta puede corresponder: un cambio normativo, una modificación de prácticas institucionales, una intervención del Poder Judicial o una articulación entre sectores. La propuesta apunta a que el diagnóstico se traduzca en decisiones prácticas sin dar por sentado que una ley nueva resuelve todos los problemas. Desde VIVAS , Revelar y redes de sobrevivientes de Colombia , Ecuador y Cuba se compartieron experiencias de trabajo territorial. Sus representantes expusieron la falta de respuestas oportunas para niñas y niños que atraviesan violencia sexual y para personas sobrevivientes adultas. Además, reclamaron una mirada interseccional, al considerar que las condiciones económicas, el género, la discapacidad y el lugar donde vive cada persona condicionan la posibilidad de ser escuchada, recibir protección y acceder a la Justicia. Gabriela Dueñas , psicóloga y Premio Konex de Psicología 2026, argumentó que detrás de múltiples diagnósticos y etiquetas puede quedar silenciada la violencia sexual sufrida durante la infancia. Por su parte, Natalia Torres Santomé , directora académica de la Fundación CIJUSO , propuso crear una red de apoyo destinada a profesionales de la salud, en especial de la psicología, que intervienen en situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La directora aludió a la soledad que enfrentan tras presentar informes y a los ataques que pueden recibir de las defensas de personas acusadas. También planteó trabajar en una lex artis , con criterios compartidos de buena práctica que orienten y respalden esas intervenciones. Sindicatos y universidades discutieron su papel en las redes de cuidado Las representantes sindicales Luna Villar , Carla Gaudensi y Zulema Beltrami , secretaria de Capacitación de ADUBA e integrante de FEDUN , llevaron a la discusión la responsabilidad de los sindicatos. Entre las propuestas se mencionaron talleres articulados sobre el derecho al cuidado, participación sindical en el acompañamiento de situaciones de violencia sexual y capacitaciones para compartir con organizaciones de otros países de América Latina. También se consideró la posibilidad de promover licencias vinculadas con esas situaciones y con las necesidades de cuidado de quienes las atraviesan o acompañan. Las propuestas incluyeron fortalecer la participación sindical, jurídica y universitaria en el acompañamiento y en las políticas de cuidado orientadas a la infancia y sus familias. La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) estuvo representada por Sonia Seba , directora de la carrera de Abogacía. La institución declaró de interés la mesa de articulación intersectorial latinoamericana. Seba vinculó esa participación con la responsabilidad de las universidades públicas en la formación: la prevención y el abordaje de la violencia sexual, según se expuso, atraviesan las carreras de Medicina, Abogacía y Psicología, además del área de Bienestar Estudiantil. Como continuidad de los intercambios, durante la mesa se propuso crear un observatorio para acompañar y dar seguimiento a los casos; conformar una red de profesionales de la abogacía para asistir a víctimas y organizaciones; y abrir espacios universitarios de atención psicológica y jurídica para víctimas de violencia sexual. Las propuestas también incluyeron respaldo para quienes intervienen desde la salud y quedan expuestos a reacciones adversas, capacitaciones compartidas y un mayor compromiso de los sindicatos. Los planteos surgieron de una mesa realizada en San Isidro La discusión tuvo lugar en el Colegio de Abogados de San Isidro , durante la mesa de articulación intersectorial latinoamericana “Persistencia y continuidad de la violencia sexual: desafíos para la justicia, la protección y la recuperación”. El encuentro fue organizado por ARALMA junto con el Instituto de los Derechos de las Mujeres del Colegio de Abogados de San Isidro . Rosa Cabral , codirectora del Instituto, recordó la historia de la casona que albergó la jornada y su vínculo con la familia de Ernesto “Che” Guevara . Cabral tomó esa memoria como símbolo de resistencia y transformación, y destacó la necesidad de sostener conversaciones entre sectores para construir respuestas frente a la violencia sexual contra la infancia. Participaron Minyersky; Cabral; Beltrami; Torres Santomé, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Fundación CIJUSO; María de los Ángeles Zárate y Elías Adolfo Zárate , de VIVAS; Dueñas; Fernanda Argüello , de Bianca Ediciones ; Marcos Torres , de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Colombia; Carlos Montes de Oca y Juan Quintanilla , delegados de COCASEN de Ecuador; Martina Ansardi , de Revelar; María Angélica Sagayo del Castillo , del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; Villar y Gaudensi, de la Confederación General del Trabajo (CGT); Claudia Expósito , de la Red de Sobrevivientes de Cuba; Malatesta; Seba; y Almada. ARALMA informó que reunirá el diagnóstico y los aportes en un documento regional destinado a sostener el trabajo entre los sectores convocados. El encuentro de sobrevivientes incluyó redes de cuatro países La mesa del 2 de noviembre formó parte de dos jornadas que continuaron una tarea iniciada en 2003, cuando se fundó ARALMA. En aquel período, según la organización, pocas entidades abordaban públicamente la violencia sexual contra la infancia. La asociación comenzó entonces con grupos de apoyo, terapia grupal e individual y otras modalidades de acompañamiento para sobrevivientes. En 2004 creó su Plataforma de Sobrevivientes y extendió esos apoyos al ámbito virtual. El programa de noviembre se presentó como resultado de esos años de escucha, redes construidas a distancia y vínculos con organizaciones de diversos países latinoamericanos. El domingo 1 de noviembre se realizó en El Living de Olivos “En nuestras palabras. Edición II. Encuentro de la Plataforma Virtual de Sobrevivientes de ARALMA y redes aliadas de Latinoamérica”. Fue el primer encuentro presencial de la Plataforma y el segundo organizado por ARALMA para sobrevivientes, tras una reunión realizada en marzo de 2024 con redes de las Américas. Asistieron integrantes de la Plataforma y representantes de organizaciones aliadas de Colombia, Ecuador y Cuba. La jornada fue organizada para que cada participante decidiera cómo intervenir según sus tiempos y necesidades. Se abordaron las huellas de la violencia sexual en la vida adulta y la posibilidad de volver a confiar, con conversaciones, propuestas artísticas y corporales, música y espacios para compartir la experiencia de las organizaciones de la región. Los participantes utilizaron la palabra, el cuerpo, el movimiento y expresiones artísticas para acercarse a experiencias que habían resultado difíciles de nombrar. Algunas personas compartieron aspectos de sus historias que no habían podido contar antes y hallaron escucha entre pares, sin obligación de relatar más de lo que deseaban. El encuentro concluyó con un ritual de agradecimiento y confianza, a través de objetos, nombres, palabras, canciones y gestos con los que las personas participantes reconocieron aquello y a quienes las sostuvieron en distintos momentos de sus vidas. También se abordó la necesidad de proteger la identidad de quienes no podían aparecer en imágenes. Algunas personas sobrevivientes, según se explicó durante la jornada, enfrentan estigmatización en ámbitos laborales; otras participan en procesos judiciales y temen que una fotografía pública sea usada para desacreditarlas. Durante el encuentro se filmó el segundo nodo de “Cartografía de lucha: movimientos contemporáneos contra la violencia sexual” , una serie documental internacional de ARALMA y Wukong Films . El primer nodo se registró en México en septiembre de 2026. El realizado en Olivos documentó el trabajo de la Plataforma y el encuentro entre redes latinoamericanas que transformaron experiencias de aislamiento y silenciamiento en acompañamiento, organización y demandas públicas de justicia.

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