Elecciones en Coosalud bajo la lupa: 2.046 contraseñas llegaron al interventor dos días antes de la votación

La empresa encargada de operar la plataforma de votación electrónica de la Cooperativa Coosalud envió al entonces agente interventor, Bayron Arrieta Jiménez, un archivo con los usuarios y las contraseñas de 2.046 asociados habilitados para votar, dos días antes de las elecciones de delegados de la entidad. El episodio, revelado por Cambio , abrió cuestionamientos sobre la seguridad del proceso electoral que definió la conformación de la Asamblea General para el período 2026-2029. Según la información publicada por ese medio, el correo fue enviado el 29 de julio de 2026, a las 6:56 p. m., por Camilo Sáenz Londoño, de Platcom S.A.S., al buzón institucional del interventor. El mensaje tenía adjunto un documento de Excel con las credenciales de los asociados. La entrega llamó la atención porque el reglamento electoral establecía que cada persona debía utilizar una contraseña individual e intransferible para participar en la votación. El acceso del interventor a todas las claves planteó interrogantes sobre la protección de las cuentas y la posibilidad de que terceros pudieran votar en nombre de otros asociados. Ascoop identificó irregularidades en las condiciones de votación La entrega de las credenciales no fue el único aspecto cuestionado. Un diagnóstico jurídico de la Asociación Colombiana de Cooperativas (Ascoop) encontró que 227 de los 1.593 votos registrados el 31 de julio provinieron de apenas 14 direcciones IP. Una de esas conexiones concentró 29 sufragios. El hallazgo fue objeto de observaciones porque la Cooperativa no había habilitado puntos compartidos de votación. Ascoop advirtió que la coincidencia representaba un riesgo de suplantación de electores, particularmente por las condiciones en las que se manejaron las contraseñas. No obstante, el registro de varios sufragios desde una misma conexión no demuestra por sí solo que se hubiera presentado una suplantación. El cuestionamiento de la organización se concentró en los mecanismos de verificación de identidad y los controles de seguridad de la plataforma. Excluyeron a 14 candidatos un día antes de las elecciones El diagnóstico de Ascoop también se refirió a la modificación de las listas de candidatos, realizada el 30 de julio, un día antes de la votación. La decisión se produjo después de que el Comité de Ética de la Cooperativa suspendiera a 24 personas que habían integrado sus antiguos órganos directivos. Ese día, el agente interventor modificó las listas y retiró a 14 candidatos afectados por las sanciones. Ascoop cuestionó el procedimiento al considerar que los excluidos no habrían contado con tiempo suficiente para presentar reclamaciones y ejercer su derecho a la defensa. La organización también señaló que cerca de seis de cada diez asociados quedaron por fuera del proceso electoral. La elección definía la dirección de Coosalud hasta 2029 Las elecciones fueron convocadas el 23 de junio de 2026 por Andrés Felipe Arango Romero, quien entonces se desempeñaba como agente interventor y había sido designado por la exsuperintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro. Los delegados elegidos integrarían la Asamblea General durante el período 2026-2029. De acuerdo con los estatutos, este organismo tiene la responsabilidad de elegir al consejo de administración, encargado de nombrar al presidente ejecutivo de la Cooperativa. La estructura de gobierno de la entidad tiene implicaciones para las compañías en las que participa, entre ellas Coosalud EPS, de la que la Cooperativa es propietaria del 94,49%. La aseguradora cuenta con más de tres millones de afiliados y hace parte de un grupo empresarial que también desarrolla actividades de tecnología, servicios e inversiones, con participación en clínicas y hospitales. Entre las compañías relacionadas con el conglomerado están Coosalud Inversa, Soluinnova, Portichelly y Alma Servicios. La gestión de Arango Romero también había sido objeto de cuestionamientos. El 4 de agosto de 2026, El medio ya mencionado publicó que el entonces interventor había presentado una lista única para elegir la junta directiva de Coosalud Inversa, en la que figuraba Martha Elena Zawady Rodríguez, prima de María Masip Zawady, conocida como ‘la Coco’ o ‘la Turca’ y señalada de hacer parte de las llamadas ‘mariposas amarillas’. La revista también documentó pagos desde cuentas de empresas del grupo Coosalud en un establecimiento de servicios sexuales y un casino, retiros en efectivo superiores a 56 millones de pesos y contratos por 972 millones de pesos entre dos empresas vinculadas por un mismo directivo. Posteriormente, Bayron Arrieta Jiménez asumió la intervención y quedó al frente de las elecciones, cuya jornada se realizó el 31 de julio, siete días antes de que terminara el Gobierno de Gustavo Petro. Fuentes cercanas al proceso consultadas, señalaron que detrás de la convocatoria habría existido una intención de conformar una Asamblea con delegados cercanos al grupo político que había tenido influencia durante la intervención, con el propósito de mantener su incidencia en las decisiones de la Cooperativa después del cambio de Gobierno. María José Navarro respondió por la entrega de las claves En respuesta a las preguntas del medio, la exsuperintendente de la Economía Solidaria María José Navarro Muñoz aseguró que desconocía los detalles de la entrega de las contraseñas a Bayron Arrieta. La exfuncionaria explicó que los agentes especiales tienen la responsabilidad de administrar las entidades intervenidas y que sus actuaciones no requieren autorización personal de la superintendente. Sin embargo, cuestionó que terceros tuvieran acceso a las credenciales personales de los asociados. “No considero que el acceso indiscriminado de terceros a contraseñas personales pueda justificarse simplemente por la existencia de una medida de intervención” , afirmó. Navarro agregó que corresponde al agente especial explicar lo ocurrido y que deben revisarse los registros de acceso y los protocolos de seguridad de la plataforma. Sobre la fecha de las elecciones, negó que las decisiones de supervisión respondieran a intereses políticos. Aseguró que la renovación de los órganos directivos estaba contemplada desde marzo de 2026 como parte del plan de recuperación de la Cooperativa y sostuvo que la cercanía con el cambio de Gobierno no demuestra una intención de conservar el poder. En relación con los candidatos retirados, señaló que las decisiones del Comité de Ética deben examinarse de acuerdo con los estatutos y las garantías del debido proceso. La exsuperintendente también consideró que las coincidencias en las direcciones IP ameritaban una revisión técnica, aunque precisó que no demostraban una suplantación de electores. Respecto a las actuaciones de los interventores, insistió en que la Superintendencia tenía facultades de vigilancia, pero no asumía directamente la administración de la Cooperativa. Finalmente, pidió distinguir entre una medida judicial provisional que impide instalar una asamblea y una sentencia definitiva sobre la validez de las elecciones. También defendió las razones que llevaron a intervenir Coosalud.