Pleno de la Suprema bloquea renuncia de la ministra Rosa Aguirre y pide explicaciones a la Corte de Valparaíso

El escándalo que golpea a la ministra de la Corte de Valparaíso Rosa Aguirre por pagarle por casi 20 años a una abogada externa para que le redacte sus fallos está elevando la tensión al interior del tribunal de alzada de la jurisdicción de la Quinta Región. Hasta el momento, en una decisión de mayoría, el pleno de la corte porteña optó por no abrir sumario a la magistrada, pese a que algunos integrantes del tribunal de alzada estimaron que la gravedad de los hechos revelados por La Tercera ameritaba no darse vueltas e iniciar de inmediato una investigación disciplinaria. Pese a esa postura, la mayoría del pleno optó por no apresurar la indagatoria y solo determinó pedirle informe. Según explicó la presidenta de la Corte de Valparaíso, Silvana Donoso , el objetivo es que con ese antecedente en mano, sumado a las publicaciones de este medio, el pleno pueda tomar la decisión sobre si hay mérito para avanzar hacia un sumario. La jueza, en tanto, desde el jueves de la semana pasada no ha vuelto a integrar sala, ya que presentó licencia médica. Sin embargo, esa postura fue leída por algunos judiciales como una manera de dilatar el asunto para darle aire a la ministra y que pueda renunciar a su cargo. Si eso ocurría, se podía salvar de la investigación y ponerle fin a una carrera judicial que de todas formas está llegando a su término a sus 73 años. Si el pleno le abría un sumario, Aguirre no podría renunciar. Fuentes judiciales cuentan que el escándalo llegó hasta Santiago. El lunes el pleno de la Corte Suprema recibió su renuncia, la que fue acompañada de un certificado que acreditaba que la magistrada no estaba sometida a ningún sumario. El procedimiento normal es que el máximo tribunal visa la renuncia y luego la deriva hasta el Ministerio de Justicia. En esta cartera el Ejecutivo realiza un último trámite formal y luego estampa el visto bueno. Sin embargo, los supremos no quisieron aceptar la renuncia. En cambio, le pidieron un informe a la Corte de Valparaíso para que explique la situación. Fuentes del máximo tribunal cuentan que los supremos quieren saber por qué no se abrió sumario. Luego de tener la respuesta, los ministros tienen sobre la mesa la opción de -ejerciendo su superintendencia correctiva- obligar al tribunal de alzada porteño a abrir la investigación dada la gravedad del asunto. Si eso ocurre, la renuncia de Aguirre no podrá ser cursada y deberá quedarse en la judicatura hasta el fin de su proceso. Según los supremos, lo que se busca proteger es que una conducta así de grave no quede impune. De lo contrario, el mensaje que se transmitirá a la judicatura será que da lo mismo, y no hay sanciones, para quienes tienen la práctica de que sus sentencias sean redactadas por profesionales externos al Poder Judicial. ¿Se abre frente penal? El escenario que enfrentaba la ministra Aguirre no solo es complejo en el frente disciplinario y administrativo. A juicio de expertos en Derecho, la situación incluso escalar a asuntos penales. Esto, porque los hechos conocidos implicarían que la jueza habría entregado información reservada a una abogada externa para que redactara sus fallos, contenido que incluía los acuerdos reservados. Pese a que, según confirmaron desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, no se ha abierto una investigación en contra de la magistrada, igualmente los académicos explican cuáles podrían ser los presuntos ilícitos cometidos por la magistrada, entre los que asoman la revelación de secreto, falsificación de instrumento público o prevaricación. El docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz , afirma que “si la ministra revisaba, corregía y firmaba fallos ajustados a Derecho, no hay delito de prevaricación”. Pese a eso, advierte que “sí puede eventualmente verificar la entrega de información reservada a un tercero”. La abogada experta en derecho penal, Catherine Lathrop , dice que “lo que debe determinarse es si la elaboración de los fundamentos y la redacción de los fallos implicaron una delegación sustantiva de una función que corresponde ejercer personalmente a los jueces”. La directora de derecho penal de la UDP, Alejandra Castillo Ara , afirma que en este caso, “podría configurarse una eventual prevaricación judicial dolosa o culposa”. Aunque también advierte que se podría advertir una eventual falsificación ideológica de instrumento público, ya que las sentencias al no ser redactadas por la jueza “puede estar atribuyéndose falsamente una actuación jurisdiccional que no realizó”. El abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Gonzalo Hoyl , agrega que “las infracciones no son todas de naturaleza penal. También hay sanciones disciplinarias. Los delitos y las penas quedan reservadas para aquellas conductas más graves”.